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Los jueces devolvieron el caso a un tribunal de apelaciones para que decida sobre las preguntas subyacentes, incluido si la acción del mandatario es legal y con cuánta anticipación deberían informarse a los migrantes que serían afectados por la medida.

Trump -que tiene otros cuestionamientos a sus órdenes ejecutivas en otros tribunales del país- quiere utilizar esta ley para acelerar las deportaciones y evitar las revisiones normalmente requeridas antes de cualquier procedimiento de tal naturaleza.

Los jueces conservadores Clarence Thomas y Samuel Alito expresaron públicamente su disidencia.

Existe un precedente. El pasado 15 de marzo la administración Trump -pese a la oposición de un juez federal- envió a una megacárcel de El Salvador a más de 250 migrantes, la mayoría venezolanos a los que, sin aportar pruebas, asocia Estados Unidos con la organización criminal (pandilla) Tren de Aragua.

Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros para el traslado de esos migrantes al Centro de Confinamiento del Terrorismo, en la nación centroamericana.

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